Gobierno y BdE: alejamiento esperado y peligroso

Tras el bochornoso espectáculo que nos han regalado los poderes ejecutivo y judicial del Estado (el legislativo no participa, aunque querría, por falta de quorum) con motivo del penoso episodio del mal llamado impuesto de las hipotecas, ahora le toca pasar por caja a la primera autoridad monetaria nacional. El Gobierno de la Nación ha anunciado que va a crear una autoridad para proteger a los clientes de los abusos de la banca, función hasta ahora encomendada al Banco de España  (BdE) y al sistema judicial. Creo que esta medida, que de por sí no es negativa, encierra otros intereses de distinto calado.

La independencia del Banco de España

La Ley de Autonomía del BdE le sitúa como parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y, como tal, está sometido a las disposiciones de los Tratados de la Unión Europea y a los Estatutos del propio SEBC. Esta normativa determina que, en el ejercicio de sus funciones, el BdE debe ajustarse a lo que determine el Banco Central Europeo  (BCE)  y ni el Gobierno ni ningún otro órgano nacional o europeo pueden darle instrucciones . Entre estas funciones, se encuentra la de supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito cuya supervisión le ha sido atribuida.

Una autoridad al margen

El Gobierno está preparando a través del Ministerio de Economíala creación de una  “Autoridad de Protección del Ahorrador e Inversor Financiero”. Así parece que va a denominarse un nuevo organismo público con capacidad para sancionar  a las entidades financieras que lleven a cabo malas prácticas y que, además, podrá emitir resoluciones vinculantes y no sólo recomendaciones.

El planteamiento me parece adecuado, pues no es razonable que el mismo organismo que controla la solvencia de las entidades financieras sea quien sanciona el incumplimiento de las normas de transparencia bancaria, ya que ello puede ocasionar un conflicto de intereses  que ya se puso de manifiesto de manera intensa en los años previos al estallido de la crisis financiera. De hecho, fue a raíz de ésta cuando en Estados Unidos se creó una instancia similar (una agencia federal) cuyo objetivo es supervisar el cumplimiento por parte de las entidades financieras de las leyes de protección del consumidor.

La erosión del BdE

Creo que la decisión del Gobierno español de crear una autoridad sancionadora para proteger a los clientes de los abusos de la banca es acertada y, de hecho, debería de haberse tomado hace tiempo. De haberlo hecho, no hubiéramos padecido, probablemente, muchos de los desmanes acaecidos en el sector. Pero me llama poderosamente la atención que esto se decida en estos momentos  tras castigar al sector bancario con el pago de un impuesto ligado a la contratación de préstamos hipotecarios en documento público, tributo que no hace sino engordar la grasa de las Autonomías.

Parece que en el Gobierno no ha gustado el discurso que, ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, pronunció recientemente Hernández de Cos, Gobernador del BdE, alegando que la subida del salario mínimo anunciada por el Ejecutivo puede tener “un efecto negativo sobre el empleo agregado  de la economía” y que este efecto negativo se centra precisamente en los que más necesitan un puesto de trabajo como los más jóvenes y los de mayor edad con menor formación. En su intervención, también recalcó la necesidad de “intensificar la agenda de reformas  y evitar su reversión”, en velada alusión a la última reforma laboral. Valiente debut parlamentario, aunque espinoso, el del nuevo Gobernador.

La ortodoxia presupuestaria de fondo

El nombramiento de Hernández de Cos fue seguramente una de las últimas medidas tomadas por el anterior Gobierno de España quien, con sus altibajos y vicisitudes varias, secundó lo que Bruselas dictaminaba sobre disciplina presupuestaria. Ahora, con un nuevo Presidente en España con ideas muy distintas sobre el gasto público y el control del déficit, el BdE puede convertirse en un obstáculo  para los objetivos del Ejecutivo.

Me temo que el actual Gobierno hará oídos sordos a los informes que el BdE pueda elaborar en los próximos meses relativos al negativo impacto que en el crecimiento económico ocasionarán elincremento de gasto y el aumento de impuestos, entre otras medidas que figuran en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales.

Esperemos que este distanciamiento no degenere en un enfrentamiento  con tintes políticos ya que sería peligroso para la estabilidad y, por tanto, nocivo para el crecimiento que tanto nos ha costado lograr. Es por ello que, en momentos como el presente, agradezco más que nunca la creación del BCE y la entrada de España en el Euro, esencia de nuestra seguridad económica y financiera.

Asesórense bien y sean prudentes.

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