Donald Trump ha decidido suspender los aranceles que planeaba aplicar a partir del 1 de febrero, después de anunciar un principio de acuerdo con la OTAN que rebaja tensiones en torno a Groenlandia. Este movimiento, presentado como un gesto de “buena voluntad”, ha detenido de forma temporal la amenaza comercial que pendía sobre Europa, aunque no ha resuelto el trasfondo político y estratégico que enfrenta a Washington con Copenhague y Nuuk.
Según fuentes de la Casa Blanca, el entendimiento abre la puerta a una negociación “a largo plazo” que permitiría redefinir la presencia militar estadounidense en el Ártico. Estados Unidos busca ampliar su influencia defensiva en una isla clave para el control de rutas marítimas y recursos naturales, pero el gobierno danés y las autoridades groenlandesas mantienen una postura firme de rechazo ante cualquier intento de militarización sin su consentimiento directo.
Mientras la tensión diplomática parece reducirse, el episodio ha reforzado la idea en Bruselas de que Europa puede responder a las presiones de Washington sin recurrir a armas financieras tradicionales. El bloque comunitario intuye que su poder de influencia radica en la capacidad regulatoria y en la red de dependencias industriales que Estados Unidos no puede soslayar fácilmente.
Aunque la Unión Europea no ha emitido comunicados oficiales tras el gesto de Trump, en los pasillos de las instituciones comunitarias se consolida una lectura común: la fuerza económica europea no depende de las amenazas financieras ni de la venta masiva de bonos del Tesoro estadounidense. Europa, más interconectada y con un mercado único robusto, puede ejercer presión antes de llegar a ese extremo.
El mensaje es claro: en un mundo de cadenas de suministro compartidas, controlar los flujos normativos y tecnológicos puede resultar mucho más eficaz que una guerra comercial abierta. Y precisamente ahí se concentran los nuevos focos de acción.
La primera respuesta europea se gesta en el terreno digital. La Ley de Servicios Digitales, aprobada en 2023, constituye el principal instrumento de Bruselas para revisar la actividad de las grandes plataformas, desde Google hasta Meta o Amazon. Bastaría una modificación en la regulación de algoritmos o una mayor supervisión sobre el uso de datos personales para alterar el modelo de negocio de las compañías tecnológicas estadounidenses.
Altos funcionarios europeos reconocen que este movimiento pretende servir de aviso tras lo que consideran una actitud “coercitiva” de Washington. La Comisión Europea analiza endurecer la fiscalización de la publicidad segmentada y la interoperabilidad de las plataformas, sabiendo que cualquier incremento en las exigencias de transparencia puede reducir significativamente los márgenes de beneficio de las big tech.
La analista global de eToro, Lale Akoner, lo resumía esta semana: la cuestión ya no pasa solo por los beneficios económicos, sino por la capacidad de estas empresas para soportar la presión regulatoria sin que su expansión internacional se vea comprometida. Con las previsiones de crecimiento para 2026 en el aire, el pulso promete prolongarse.
Bruselas no necesita recurrir a legislación nueva para ejercer presión. Desde 2025, el Instrumento Anticoerción permite excluir del acceso a contratos públicos europeos a empresas de países que apliquen medidas consideradas hostiles o de chantaje económico.
La herramienta podría afectar de forma directa al sector servicios estadounidense, desde consultoras hasta empresas tecnológicas. Dado que en 2024 las exportaciones de servicios de Estados Unidos al continente europeo superaron los 295.000 millones de dólares, cualquier restricción tendría repercusiones sustanciales. Economistas de Pantheon Macroeconomics apuntan incluso que este tipo de bloqueo sería más dañino para el conjunto de la economía norteamericana que una respuesta clásica basada en aranceles.
Hay otro recurso europeo menos visible, pero con un potencial de impacto enorme. La neerlandesa ASML, que domina el mercado mundial de maquinaria de litografía para la fabricación de semiconductores, podría limitar o suspender el suministro de sus equipos a clientes estadounidenses en una situación de escalada.
La industria de microchips de Estados Unidos aún depende de piezas de alta precisión procedentes de Europa, y un corte de estos suministros alteraría toda la cadena de valor tecnológica norteamericana. La firma Macquarie ya había advertido en 2025 que la fuerza real de Europa podría residir precisamente en su control sobre insumos críticos, sin necesidad de imponer sanciones directas.
En paralelo, Bruselas estudia políticas más convencionales pero de calado estructural. El proyecto conocido como “Buy European Act”, todavía en fase de borrador, busca priorizar las compras públicas dentro del propio territorio europeo. Este giro reduciría la dependencia de proveedores estadounidenses y reforzaría las capacidades internas en sectores estratégicos como la defensa, la aviación o la energía.
Firmas como Raytheon, Boeing o Lockheed Martin ya han visto disminuir sus ventas a Europa en los últimos tres años. Para analistas como Paolo Mezza, socio de iCapital, esta tendencia puede interpretarse como una oportunidad: la desglobalización parcial abre espacio a empresas medianas europeas, que empiezan a captar negocios que antes estaban concentrados en manos de las grandes corporaciones de Estados Unidos.
El regreso de los aranceles como última amenaza
Nada impide que la Comisión Europea mantenga en reserva la opción de restablecer los 93.000 millones de euros en aranceles suspendidos en 2025. Su eventual reactivación afectaría sobre todo a industrias cíclicas: automoción, maquinaria pesada y bienes de consumo. Goldman Sachs calcula que, de aplicarse de forma total, el impacto sería de entre un 0,1 % y un 0,2 % del PIB de los países más expuestos.
En un contexto de tipos de interés altos y deuda costosa, cualquier perturbación comercial amplifica automáticamente sus consecuencias financieras. Y en ese terreno, advierten analistas de JP Morgan, los daños colaterales se extenderían a la política monetaria, dificultando cualquier intento de desescalar el conflicto.
Europa no necesita liquidar sus tenencias de deuda estadounidense para enviar un mensaje contundente. Con ocho billones de dólares en activos norteamericanos en manos de inversores europeos, el simple recordatorio de su poder financiero actúa como una amenaza latente. Mezza lo explicaba de forma gráfica: modificar directamente el destino de esos fondos sería inviable, pero cambiar las condiciones para que fluyan menos recursos hacia Estados Unidos, “sí es posible”, y puede hacerse sin provocar inestabilidad dentro de la propia Unión.