El Gobierno de España reformó en marzo de 2020 la regulación sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea pudieran hacerse con el control de sociedades españolas de los denominados sectores estratégicos. Los desplomes de las cotizaciones asustaban a los empresarios del Ibex 35 y a los políticos desconocedores de los entresijos de los mercados financieros. Se creaba así una suerte de “acción de oro” que en este nuevo marco normativo, para pesar del accionista, parece que va a ejercerse en breve por primera vez.