La razón es sencilla: la búsqueda de seguridad jurídica. Aunque la probabilidad de presencia de la izquierda radical en el próximo Gobierno de España sea muy baja, los programas de todos los partidos políticos contienen conceptos y planteamientos que, en una u otra medida, comportan ciertas dosis de inestabilidad jurídica para nuestro sistema. Desde la “tasa Tobin” (que acabarían pagando los clientes bancarios), pasando por las modificaciones del régimen de las sicavs, hasta los cambios impositivos en la tributación de sociedades que afectarían a la banca española.